editorial

Lima y Callao enfrentan una nueva etapa en la respuesta estatal al crimen organizado. A fines de agosto, el Ejecutivo declaró por 60 días el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, en atención a la violencia que afecta el orden interno. La medida coloca nuevamente bajo observación la capacidad de las instituciones para disminuir los delitos que alteran la vida cotidiana de la población.

La Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas. El dispositivo contempla patrullajes, intervenciones en zonas críticas y operaciones definidas a partir de información de inteligencia, estadísticas y mapas del delito. Un comando de coordinación operativa reúne a los organismos participantes y debe fijar objetivos comunes para el empleo de sus capacidades.

La declaratoria también considera acciones contra la circulación ilegal de armas y los mercados que facilitan la actividad criminal. El control de las comunicaciones ilícitas desde los establecimientos penitenciarios figura entre las medidas previstas. Estas acciones responden al hecho de que la presencia de efectivos en las calles, por sí sola, difícilmente puede interrumpir las redes de extorsión si sus responsables conservan medios para impartir instrucciones y recaudar dinero.

El transporte público se encuentra entre los sectores más expuestos. Las amenazas contra empresas y conductores afectan las rutas, los horarios de trabajo y la seguridad de los pasajeros. Durante agosto, el Ministerio del Interior activó el Plan Escudo para contrarrestar ataques extorsivos y reforzar la protección de este servicio. La continuidad de los recorridos resulta decisiva para millones de personas que dependen del transporte para estudiar o trabajar.

Frente a esta situación, las autoridades deben atender simultáneamente la protección inmediata y la investigación de las organizaciones responsables. La vigilancia de paraderos y corredores puede reducir la exposición de conductores y usuarios en puntos específicos. Sin embargo, el efecto sostenido de estas medidas dependerá de la identificación de quienes ordenan los ataques, del seguimiento de sus recursos y de la capacidad de reunir pruebas que permitan llevar los casos ante la justicia.

La participación de las Fuerzas Armadas en Lima y Callao se desarrolla como apoyo a la Policía, que conserva la conducción del orden interno. Esa distinción delimita las responsabilidades de cada institución y exige reglas claras para las operaciones conjuntas. La coordinación también deberá considerar a los gobiernos locales y a las entidades encargadas de la persecución penal, para evitar que los resultados de una intervención se pierdan después del despliegue.

Fuera de la capital, el sector Defensa enfrenta exigencias de distinta naturaleza. En el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, conocido como VRAEM, la presencia de economías ilícitas mantiene la necesidad de capacidades militares, vigilancia territorial y cooperación con la Policía. Las operaciones en esa zona responden a condiciones geográficas y sociales diferentes de las existentes en Lima y Callao, por lo que requieren una planificación específica y continuidad en el tiempo.

Las actividades ligadas al narcotráfico pueden sostener estructuras armadas y dificultar la acción de las autoridades en lugares de acceso complejo. Por ello, el despliegue de seguridad debe acompañarse de una presencia estatal capaz de mantener servicios, conectividad y oportunidades para la población. Si el control territorial solo aparece durante los operativos, las redes ilegales conservan espacio para reorganizarse cuando las unidades se retiran.

A estas demandas se suma la preparación ante las lluvias asociadas a El Niño 2026-2027. En septiembre, el Gobierno declaró la emergencia por riesgo inminente en 893 distritos de 22 departamentos y del Callao. La medida contempla acciones de prevención, respuesta y rehabilitación, con participación de diversas entidades, entre ellas el sector Defensa. Se trata de una emergencia de origen distinto, pero que también requiere transporte, personal, coordinación y capacidad logística.

La concurrencia de estos problemas obliga a ordenar prioridades. Los efectivos, medios aéreos, vehículos y sistemas de comunicaciones que pueden apoyar una operación de seguridad también podrían ser requeridos para atender inundaciones o aislamientos de comunidades. La planificación debe anticipar esa demanda simultánea y establecer qué capacidades podrán movilizarse sin debilitar tareas esenciales en otras zonas del país.

El escenario peruano pone así a prueba la coordinación entre seguridad interior, defensa y gestión del riesgo de desastres. En la capital, la población espera que disminuyan las extorsiones y que el transporte funcione sin amenazas. En el VRAEM, la continuidad de las operaciones depende de sostener la presencia institucional. Ante El Niño, la preparación deberá demostrar que las instituciones pueden responder antes de que las lluvias produzcan daños mayores.

Los próximos meses permitirán observar si las medidas adoptadas reducen la capacidad de las organizaciones criminales y mejoran la protección de las personas. Para ello, será necesario evaluar resultados concretos, mantener la conducción institucional de cada operación y resguardar los derechos durante la emergencia. La eficacia de la respuesta estatal se medirá, finalmente, en la seguridad que perciban los ciudadanos y en su posibilidad de continuar sus actividades habituales.

Un punto de atención adicional es la forma en que se comunican las medidas a la ciudadanía. Las restricciones previstas durante el estado de emergencia deben explicarse con precisión, de manera que la población conozca su alcance y las autoridades puedan rendir cuenta de su aplicación. La información pública sobre zonas intervenidas, delitos investigados y resultados de las operaciones permitiría distinguir los avances efectivos de la sola intensificación de los patrullajes. También contribuiría a preservar la confianza de quienes deben denunciar amenazas y colaborar con las investigaciones.

En el ámbito regional, los desplazamientos de organizaciones criminales y las rutas del tráfico ilícito hacen necesaria la cooperación entre autoridades de países vecinos. El intercambio oportuno de información puede ayudar a identificar movimientos de personas, armas y recursos asociados a estas redes. Para Perú, esa coordinación adquiere particular relevancia cuando una organización puede operar desde varias jurisdicciones mientras sus víctimas permanecen concentradas en los barrios y corredores de transporte de la capital. La persecución de sus responsables debe mantener la trazabilidad de las pruebas y la competencia de cada organismo participante.