BOLETÍN DE INTELIGENCIA 01

Se vive el 10 1830 noviembre de 2025

Introducción: La Crisis del Caribe de 2025 y el Eje de Tensión Triangular

A finales de 2025, el Mar Caribe se ha transformado en el escenario de una de las escaladas militares y diplomáticas más graves de la historia reciente en el hemisferio occidental. Lo que comenzó a fines de agosto de 2025 como un despliegue naval de Estados Unidos en el sur del Caribe, con el objetivo declarado de “combatir el narcotráfico” cerca de las costas venezolanas, ha evolucionado hacia un conflicto multifacético que amenaza con desestabilizar la región.   

Este informe analiza la crisis de 2025 a través del prisma de sus tres actores centrales: Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump; Venezuela, bajo el gobierno de Nicolás Maduro; y Colombia, presidida por Gustavo Petro. El nexo que une a estos tres actores, y que sirve simultáneamente como justificación para la acción militar y como punto de ruptura diplomática, es el narcotráfico.

La situación actual no es un evento súbito, sino la militarización de tensiones políticas preexistentes. Para la administración Trump, la lucha contra las drogas se ha invocado como un casus belli para ejercer una presión militar sin precedentes sobre Venezuela. Para el gobierno de Maduro, esta operación es un “pretexto” transparente para una invasión con el fin de asegurar un “cambio de régimen” y el control de los recursos naturales del país.   

En medio de estas dos potencias se encuentra Colombia. Históricamente el principal aliado de EE.UU. en la región en la lucha antinarcóticos, el gobierno de Petro se ha visto atrapado en una crisis que ha llevado las relaciones bilaterales a su “peor situación en un siglo”. Al condenar las tácticas militares de EE.UU. , Colombia ha pasado de ser un socio estratégico a ser un objetivo de sanciones y acusaciones directas por parte de Washington.   

El narcotráfico, por lo tanto, ha dejado de ser un simple problema de seguridad para convertirse en una herramienta flexible de geopolítica. Es la justificación oficial de EE.UU. para sus acciones militares , el “pretexto” que Venezuela denuncia , y la causa directa de la ruptura entre EE.UU. y Colombia. Este informe detalla la ofensiva militar, la respuesta de Venezuela y el precario papel de Colombia en el centro de la crisis.   

• La Ofensiva Naval Estadounidense: Operaciones, Justificación y “Ejecuciones Extrajudiciales”
• La estrategia de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico durante 2025 se ha caracterizado por una ofensiva militar directa, agresiva y letal, muy alejada de las tradicionales operaciones de interdicción naval.
• El Despliegue Militar en el Caribe y el Pacífico

A finales de agosto de 2025, la administración Trump inició un despliegue naval significativo en el sur del Caribe, que incluye ocho buques de guerra y 4,000 soldados. Si bien el objetivo declarado era combatir el narcotráfico, la magnitud y naturaleza del despliegue indicaron desde el principio una postura más amplia.   

La operación no se ha limitado al Caribe. Se han reportado acciones en el Océano Pacífico, cerca de la costa colombiana, sugiriendo una campaña integral de interdicción. Más alarmante aún, el presidente Trump ha autorizado a la CIA a desarrollar misiones encubiertas en Venezuela y ha mencionado públicamente que la campaña actual contra las lanchas es solo la “segunda fase” de una estrategia que podría pasar a tierra. Esto ha sido interpretado por Caracas y otros analistas como la preparación de un escenario pre-invasión.   

La Naturaleza de los Ataques Letales

El sello distintivo de esta operación no han sido los arrestos, sino los “ataques cinéticos letales”. En lugar de interceptar las “supuestas narcolanchas”, las fuerzas estadounidenses han optado por destruirlas mediante el uso de misiles  y, según se ha reportado, drones.   

El resultado ha sido una escalada rápida y mortal. Los informes sobre el número de muertos han aumentado constantemente a lo largo de las semanas: de 30 personas , a 43 , 64 , 69 , y 70 muertos en al menos 17 ataques. Hacia principios de noviembre, el número de muertos reportados ascendía a 76. Estos ataques se han llevado a cabo en aguas internacionales , en un aparente esfuerzo por evitar violaciones directas de la soberanía territorial, aunque su legalidad sigue siendo intensamente debatida.   

El Marco Legal: “Narco-Terroristas” y la Elusión del Congreso

Para justificar legalmente una campaña de ataques letales fuera de una zona de guerra declarada, la administración estadounidense ha reclasificado la naturaleza del enemigo. Los objetivos no son tratados como simples narcotraficantes, sino como miembros de “Organizaciones Terroristas Designadas” (OTD). El Secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el propio presidente Trump, se refieren a los individuos abatidos como “narco-terroristas”.   

Esta terminología es una innovación legal y militar crucial. Al fusionar la “guerra contra las drogas” con la doctrina de la “guerra contra el terror” post-11S, la administración busca legitimar ejecuciones extrajudiciales. Un memorando legal concluyó que, bajo esta justificación, un ataque con dron contra un objetivo específico “no alcanzaría el nivel de una guerra a efectos constitucionales”.   

Esta maniobra legal permite a la Casa Blanca eludir la supervisión del Congreso. Significativamente, el 7 de noviembre de 2025, el Senado de Estados Unidos rechazó por un estrecho margen una resolución que habría requerido la aprobación explícita del Congreso para llevar a cabo ataques en territorio venezolano. Este fracaso legislativo ha sido interpretado como una luz verde de facto para que la administración Trump continúe y potencialmente intensifique su campaña militar sin supervisión formal.   

La naturaleza de la operación —ataques letales premeditados, la amenaza de una “segunda fase” en tierra  y la elusión de una declaración de guerra — sugiere que el objetivo principal no es la interdicción de drogas, sino la provocación de un conflicto o la creación de un casus belli para una intervención militar más amplia destinada al “cambio de régimen”.   

El Casus Belli Específico: El ‘Cártel de los Soles’ como Objetivo Estatal

La ofensiva militar de Estados Unidos no es una operación abstracta contra el narcotráfico; tiene un objetivo singular y explícitamente nombrado: el “Cártel de los Soles”.   

La acusación central de Washington es que esta organización no es simplemente un grupo criminal que opera dentro de Venezuela, sino que es una red encabezada y controlada por el propio régimen de Nicolás Maduro. Esta designación es la pieza central de la estrategia estadounidense, ya que permite la fusión conceptual del Estado venezolano con una organización narco-terrorista.   

Al enmarcar al gobierno de Venezuela como la misma entidad que el cártel, Estados Unidos justifica el tratamiento de la nación como una organización criminal-terrorista en lugar de un Estado soberano. Esto despoja a los funcionarios venezolanos de cualquier inmunidad diplomática o protección bajo la ley de soberanía estatal, convirtiéndolos en objetivos legítimos.

La “guerra” se ha personalizado de forma extrema. La administración estadounidense ha duplicado la recompensa por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro, ofreciendo 50 millones de dólares. En la lógica de Washington, esta recompensa no es por un jefe de estado, sino por el líder de un cártel terrorista.   

Esta narrativa ha sido adoptada y amplificada por actores políticos en Colombia. La oposición colombiana, notablemente los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, ha hecho eco de la postura de Washington, refiriéndose públicamente a Maduro como el “jefe del cartel de los Soles”. Esta alineación retórica entre la administración Trump y la oposición colombiana ha servido para aumentar la presión sobre el gobierno de Gustavo Petro, atrapándolo entre las acusaciones de su aliado y las de sus rivales internos.   

La Respuesta Venezolana: “Pretexto” Imperialista y Defensa de la Soberanía

Frente a la ofensiva militar y las acusaciones de narco-terrorismo, la respuesta de Venezuela ha sido una defensa categórica de su soberanía y una contra-acusación de imperialismo económico.

El gobierno de Nicolás Maduro rechaza la operación antinarcóticos de EE.UU. como un “pretexto”. La postura oficial de Caracas es que la “militarización del Caribe” es un intento de reimponer la “vieja Doctrina Monroe” y ejecutar un “cambio de régimen” forzado.   

Según la narrativa venezolana, la motivación de EE.UU. no es la seguridad, sino la economía. Maduro ha declarado que el verdadero objetivo de Washington es “robarse nuestras inmensas riquezas y recursos naturales” , apuntando específicamente a la ambición de EE.UU. por apoderarse de “la reserva de petróleo más grande del mundo”. Para sostener esta narrativa, el gobierno venezolano niega rotundamente las acusaciones de narcotráfico, calificándolas de “campaña de desinformación” y declarando a Venezuela como “territorio libre de producción de drogas”.   

La estrategia de Venezuela es un “espejo” narrativo: mientras EE.UU. enmarca el conflicto como “Seguridad vs. Narcoterrorismo”, Venezuela lo enmarca como “Imperialismo vs. Soberanía”.

En una maniobra diplomática clave, Venezuela utilizó la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada en Santa Marta, Colombia, como plataforma para su denuncia. El canciller venezolano, Yván Gil, dio lectura a una carta de Nicolás Maduro dirigida a los líderes de la CELAC. En esta misiva, Maduro instó a una “respuesta continental unitaria” contra la agresión estadounidense y planteó cuatro demandas concretas:   

1. Proclamar a América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

2. Rechazar categóricamente la militarización del Caribe.

3. Exigir una investigación independiente de las “ejecuciones” en alta mar.

4. Establecer mecanismos regionales de defensa colectiva.

      

La carta concluyó con una declaración desafiante: “Venezuela lo declara con absoluta claridad: no acepta ni aceptará tutelaje alguno”.   

La elección de presentar esta carta en una cumbre celebrada en Colombia fue un movimiento táctico. Al llevar su caso al territorio del aliado histórico más importante de EE.UU. en la región, Maduro obligó a los actores regionales a posicionarse y maximizó la presión diplomática sobre el presidente anfitrión, Gustavo Petro, quien ya se encontraba en una posición diplomática delicada.

Colombia en la Encrucijada: La Denuncia de Petro y el Costo de la Autonomía

La crisis de 2025 ha colocado a Colombia en una posición imposible, atrapada geográficamente entre los dos antagonistas y atrapada políticamente entre su alianza histórica con Washington y la política de “paz total” del presidente Gustavo Petro.

La Cumbre de Santa Marta como Plataforma de Denuncia

Colombia, como país anfitrión de la Cumbre de la CELAC en Santa Marta, esperaba proyectar una imagen de “diálogo de civilizaciones” y “éxito del multilateralismo”. Sin embargo, la crisis en el Caribe eclipsó la agenda.   

El presidente Gustavo Petro utilizó su discurso de inauguración no solo para recibir a los delegados, sino para denunciar directamente las acciones de Estados Unidos. En un movimiento sin precedentes para un jefe de estado colombiano, Petro condenó los “recientes ataques con misiles en aguas del Caribe” por parte del gobierno estadounidense.   

Crucialmente, Petro adoptó un lenguaje legal de derechos humanos para describir las operaciones de EE.UU., calificándolas públicamente como “ejecuciones extrajudiciales”. Esta declaración marcó un punto de inflexión histórico, transformando a Colombia de un ejecutor de la guerra contra las drogas de EE.UU. en su principal crítico regional.   

La Nacionalización del Conflicto: El Pescador Colombiano

Para Petro, la denuncia no era una abstracción geopolítica. Su gobierno afirmó haber identificado a un ciudadano colombiano entre las víctimas de los ataques estadounidenses. En su discurso, Petro nombró a un pescador de la ciudad caribeña de Santa Marta, Alejandro Carranza, como una de las víctimas.   

“Y ahora caen misiles en el Caribe (…) fue asesinado. Una ejecución extrajudicial”, declaró Petro. Advirtió que esta podría no ser la única víctima colombiana, señalando que “el lanchero colombiano tiene una mayor proporción” en este tipo de embarcaciones. Al identificar a una víctima nacional, Petro nacionalizó el conflicto, enmarcando las acciones de EE.UU. no solo como una violación del derecho internacional, sino como un ataque directo contra ciudadanos colombianos.   

La Advertencia Estratégica: Evitar “Otra Siria”

La oposición de Petro a la escalada militar de EE.UU. no es solo legalista, sino profundamente estratégica y vinculada a la seguridad interna de Colombia. Petro ha advertido que una invasión estadounidense a Venezuela sería “el peor error”.   

El presidente colombiano predice que una invasión no traería estabilidad, sino que hundiría a Venezuela en un caos similar al de “el caso de Siria”. Dada la extensa y porosa frontera de 2,219 kilómetros que comparten, un conflicto de esa magnitud inevitablemente “arrastraría a Colombia”.   

Petro argumenta que, paradójicamente, una guerra lanzada bajo la bandera de la lucha antinarcóticos solo fortalecería a los traficantes. En el caos de una invasión, advierte, los grupos armados se aprovecharían para “apoderarse de las riquezas del subsuelo, (de los) minerales”, exacerbando la violencia y destruyendo cualquier posibilidad de paz en Colombia. La política de “paz total” de Petro es fundamentalmente incompatible con una guerra total en su frontera.   

La “Hermandad” con Venezuela y sus Consecuencias

La postura de Petro fue inmediatamente bien recibida en Caracas. Nicolás Maduro capitalizó las declaraciones de Petro, afirmando que “lo que sea con Colombia es con Venezuela y lo que sea con Venezuela es con Colombia”.   

Esta “hermandad declarada” por Maduro, sin embargo, ha tenido graves repercusiones internas para Petro. La oposición en Colombia y los observadores internacionales han criticado la postura, viéndola como una peligrosa “alianza estratégica” que socava la independencia de Colombia y la alinea con un régimen acusado de narcoterrorismo.   

La Ruptura Diplomática: Sanciones de EE.UU. contra la Administración Petro

La condena de Gustavo Petro a las “ejecuciones extrajudiciales” de Estados Unidos  provocó una represalia inmediata y sin precedentes por parte de Washington, llevando la alianza de décadas entre ambos países a un colapso total.   

La Escalada Retórica: De Aliado a “Líder del Narcotráfico”

Las relaciones entre Trump y Petro ya eran tensas. Pero tras la condena de Petro, la retórica de Washington se volvió abiertamente hostil. Trump desestimó a Petro, acusándolo de “fabricar muchas drogas” y llamándolo “matón”.   

Poco después, Trump escaló la acusación a un nivel sin precedentes, declarando públicamente que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, es “un líder del narcotráfico que fomenta fuertemente la producción masiva de drogas”. Esta acusación, que sitúa a un presidente colombiano en funciones al mismo nivel que los capos de los cárteles, marcó la “peor situación en un siglo” para las relaciones bilaterales.   

Sanciones Punitivas contra Colombia

Las palabras de Washington fueron seguidas por acciones punitivas concretas, demostrando una clara cronología de represalias:

1. Descertificación (16 de septiembre): Incluso antes de la condena más dura de Petro, EE.UU. descertificó a Colombia en la lucha antinarcóticos, citando específicamente el liderazgo de Petro como la razón

2. Sanciones Personales (24 de octubre): Apenas 24 horas después de que Petro denunciara públicamente las “ejecuciones extrajudiciales” de EE.UU., el Departamento del Tesoro estadounidense impuso sanciones personales al presidente Gustavo Petro, a varios de sus familiares y a su ministro del Interior, incluyéndolos en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Esta acción es típicamente reservada para terroristas, narcotraficantes y funcionarios de regímenes hostiles, no para el jefe de estado de un aliado

3. Suspensión de Ayuda: Trump anunció la suspensión total de todos los subsidios, pagos y ayuda financiera de Estados Unidos a Colombia.

      

La siguiente tabla ilustra la rápida escalada de acción y reacción que define esta ruptura:

El Efecto Bumerán de la Suspensión de Ayuda

La decisión de Trump de cortar toda la ayuda a Colombia —fondos destinados a la seguridad, erradicación de cultivos de coca, desarrollo rural y fortalecimiento de la justicia— crea una profunda paradoja.   

Analistas advierten que esta suspensión tendrá graves consecuencias, beneficiando irónicamente al crimen organizado. Al reducir la capacidad operativa del Estado colombiano para enfrentar el narcotráfico, la política de EE.UU. debilita a su antiguo aliado y fortalece a los mismos grupos que dice estar combatiendo.   

La política de EE.UU. corre el riesgo de crear una profecía autocumplida: acusa al gobierno colombiano de fomentar el narcotráfico  y, como castigo, le retira las herramientas para combatirlo , lo que previsiblemente llevará a un aumento del narcotráfico. Este aumento será probablemente utilizado por Washington como “prueba” de que su acusación original era correcta, justificando más sanciones en un círculo vicioso punitivo.   

Además, Trump advirtió al gobierno de Petro que si no ponía fin a la producción de drogas, “EE.UU. los cerraría por él”, y “no de forma amable”. Esta es una amenaza velada de intervención militar directa, sugiriendo que la lógica legal utilizada contra Venezuela ahora podría aplicarse a Colombia.   

El Frente Interno Colombiano: La Oposición Capitaliza la Crisis

La crisis internacional se ha convertido en una potente arma política en el frente interno colombiano, con la oposición utilizando la ruptura con Washington para socavar la legitimidad del gobierno de Petro.

Los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, fuertes críticos de Petro, han exigido públicamente que el presidente aclare su relación con Nicolás Maduro. En un comunicado conjunto, la oposición adoptó la terminología exacta de la administración Trump, refiriéndose a Maduro como el “jefe del cartel de los Soles”.   

Esta maniobra crea un efecto de “doble pinza”: el presidente Petro es atacado simultáneamente desde el exterior por la administración Trump y desde el interior por la oposición, ambos usando exactamente la misma narrativa. Al preguntarle a Petro por su “relación” con el “jefe del cartel”, la oposición insinúa que el presidente colombiano es cómplice.

La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, fue más explícita, manifestando que Petro debe mostrar resultados inmediatos en la lucha contra las drogas o enfrentará “señalamientos de complicidad”. Estas acusaciones se producen en un clima de alta tensión y violencia política en Colombia, exacerbado por el reciente asesinato del senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La oposición utiliza este asesinato como prueba del fracaso de la política de “paz total” de Petro , argumentando que su enfoque ha beneficiado a los criminales.   

La crisis internacional ha eliminado cualquier espacio para una política exterior matizada. La postura de Petro, basada en el derecho internacional y la seguridad regional, es enmarcada por sus oponentes internos y externos como una defensa de Maduro. Petro está atrapado: si apoya la acción de EE.UU., traiciona su política interna de “paz total” y el derecho internacional. Al criticar a EE.UU., es etiquetado como “cómplice” del Cártel de los Soles, arriesgando la desestabilización de su propio gobierno.   

Análisis Estratégico y Conclusión: El Daño Colateral de la Doctrina Trump

La crisis del Caribe de 2025 representa un punto de inflexión geopolítico para el hemisferio occidental, con el narcotráfico sirviendo como el eje central de un conflicto que ha fracturado alianzas históricas y ha militarizado la región.

El análisis de la situación revela un triángulo de intenciones en conflicto:

• Estados Unidos ha militarizado la lucha antinarcóticos, fusionándola con la doctrina antiterrorista  para justificar ejecuciones extrajudiciales  y una política de “cambio de régimen” contra Venezuela. En el proceso, ha optado por castigar la disidencia diplomática de su aliado más cercano, Colombia, con sanciones económicas y personales.

• Venezuela ha resistido la presión militar adoptando una narrativa de soberanía nacional versus imperialismo , negando categóricamente las acusaciones de narcotráfico  y buscando un frente unido regional contra la intervención.   

• Colombia emerge como el actor más dañado por la crisis. Atrapado geográficamente entre los contendientes, sufre bajas civiles por fuego estadounidense , es sancionado por su aliado histórico , ve su capacidad de seguridad interna diezmada por el corte de ayuda , y su presidente es deslegitimado tanto internacional  como nacionalmente.

La paradoja central del conflicto es que el narcotráfico es, simultáneamente, el pretexto, el arma y el beneficiario final. Es el pretexto de EE.UU. para la intervención ; es el arma retórica usada contra Maduro  y Petro ; y es el beneficiario neto del colapso de la cooperación de seguridad en Colombia.   

Esta crisis marca el fin de la era de cooperación EE.UU.-Colombia. La relación ha pasado de “aliado principal” a una de antagonismo, en la que el presidente colombiano en funciones es un objetivo de sanción de la OFAC. La herramienta que forjó la alianza —la guerra contra las drogas— es la misma herramienta que la ha destruido.   

En conclusión, el resultado más tangible de la política de máxima presión de la administración Trump contra Venezuela no ha sido el colapso de Nicolás Maduro. Ha sido la profunda desestabilización política, económica y de seguridad de Colombia. La advertencia del presidente Petro sobre convertir la región en “otra Siria”  resuena proféticamente. La política de Washington, en su intento de desmantelar un supuesto “narco-Estado” en Venezuela, está socavando activamente la capacidad operativa  y la estabilidad política  del Estado colombiano, convirtiendo a su principal aliado en el daño colateral de la operación.   

Fdo. Jefe de Estudios Especiales