SITUACIÓN GENERAL
SE VIVE EL 13 DE JULIO DEL 2026
- SITUACIÓN REGIONAL Y NACIONAL
Durante los últimos años, América Latina ha sido una de las regiones más golpeadas por los diversos fenómenos que están afectando a la humanidad. Nuevamente, la falta de liderazgos, así como la débil presencia de organismos e instancias internacionales, ha sido una constante. La región se enfrenta a desafíos propios que agravan el panorama: un espacio fiscal limitado, sistemas de salud y seguridad social menos desarrollados, grandes salidas de capital, una caída en picada de las remesas, una gran proporción de trabajadores informales y sin ningún tipo de protección social y un gran descontento social, provocado por múltiples factores, como los anteriormente mencionados y por cierto, una casi generalizada desconfianza en las autoridades políticas y en la institucionalidad vigente.
Las asimetrías económicas entre los países (y entre las regiones de los país), hacen que en algunos territorios la tolerancia al crimen organizado sea socialmente más aceptable que en otros, toda vez que se presenta como proveedor de bienes y servicios y, sobre todo, de oportunidades laborales. Otro aspecto a mencionar, es el hecho de que la pandemia le generó al crimen organizado, la acumulación de grandes volúmenes de dinero sucio que es muy difícil trasladar. Esta situación, combinada con la crisis económica que se avecina, abre otras oportunidades: la usura y la compra agresiva de empresas legítimas en crisis.
En el terreno político, los gobiernos latinoamericanos continúan enfrentando una triple amenaza que está erosionando el estado de derecho y la calidad de las democracias en la región y complicando la gobernabilidad. Estas amenazas son: la corrupción sistémica, el populismo autoritario y la (in)seguridad, siendo esta última la que mayor preocupación despierta en la sociedad, lo que ha
En efecto, si se revisa la situación regional, las manifestaciones de violencia armada son múltiples: el terrorismo, la insurgencia y el crimen organizado transnacional son los más representativos. En esta parte del mundo se encuentran los tres países de mayor producción de cocaína a nivel mundial (Colombia, Perú y Bolivia). Del mismo modo, la tasa de homicidios la posiciona como la más violenta, con promedios de 40,9, como es el caso de Venezuela.
Para Chile la seguridad representa igualmente la principal preocupación de la sociedad, por lo que el tema lidera la agenda del actual gobierno. El Índice Global de Terrorismo, elaborado por el Institute for Economics and Peace (IEP), indica que en los datos publicados entre los años 2018 y el 2025, el país pasó desde el lugar 63 al lugar 18 (mientras menor sea el puesto, peor es la situación). En cuanto al Índice de Paz del mismo instituto, Chile cayó desde el lugar 28 al puesto 55 en el mismo período (mientras mayor sea el puesto, peor es la situación).
La creciente demanda de seguridad, ha obligado a Chile, al igual que la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, a emplear a las instituciones de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, generando debates políticos respecto de su eficacia, conveniencia y riesgos asociados. Lo cierto es que también este fenómeno se ha producido con anterioridad en otras latitudes y continentes, como es el caso de Francia, donde la operación Sentinelle y el plan Vigipirate han demostrado ser efectivos para disuadir amenazas terroristas y proporcionar una sensación de seguridad a la población. La presencia visible de soldados en lugares emblemáticos como la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo y los principales aeropuertos ha contribuido, según los antecedentes oficiales, a esta mayor percepción de seguridad.
Otro ejemplo paradigmático que ilustra los desafíos del despliegue de militares en labores de seguridad pública es el caso de México, donde la guerra contra el narcotráfico impulsada durante el gobierno de Felipe Calderón ha tenido consecuencias devastadoras. La militarización del norte del país y la adopción de políticas de “mano dura” contra las organizaciones criminales han desencadenado una escalada de violencia y una peligrosa carrera armamentista entre el narcotráfico y las fuerzas militares.
La condición de excepcionalidad en la que la Fuerzas Armadas de Chile están cumpliendo tareas de seguridad en la frontera norte y noreste y en la denominada Macrozona sur ya adquirió características de permanente y las demandas desde diversos sectores se orientan más a incrementar el empleo de estas en seguridad pública, más que a reforzar con urgencia la capacidad policial.
Adicionalmente, en el Congreso Nacional, se encuentran en trámite, las leyes de: “Reglas de Uso de la Fuerza” y de “Infraestructura Crítica”, las cuales, una vez aprobadas, permitirían legitimar una ampliación de tareas y de efectivos militares en tareas de seguridad interior, sin la necesidad de recurrir a un “estado de excepción constitucional”.
Últimas propuestas han hablado incluso de crear una “policía militar de frontera”, dependiente del Ejército, con una normativa similar a aquella de regula el accionar de la Armada en el denominado territorio marítimo.
